El desagarrador caso ocurrió en 2007, cuando la joven de 15 años, acusada de robar un celular en el estado de Pará (al norte del país), fue enviada a una celda por 10 días, en los que sufrió todo tipo de vejaciones.
En la segunda semana, la prisionera fue llevada a la sala de la jueza Clarice de Andrade, quien resolvió devolverla a la misma celda. Solamente pudo salir del lugar cuando otro detenido se dispuso a confesar frente al Consejo Tutelar la situación.
Según los registros, el 7 noviembre de 2007, dos semanas después de la detención, la magistrada recibió un oficio "en carácter de urgencia" en el que solicitaban la transferencia de la adolescente, ya que corría "riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia". Sin embargo, pese a la gravedad del caso, respondió al pedido 13 días después.
En ese período, la menor, de iniciales L.A.B., fue "violada incontables veces", y los detenidos le apagaban cigarrillos en el cuerpo cuando intentaba dormir, según los reportes de la prensa que cubrieron el caso.
En su defensa, De Andrade afirmó que había delegado a un subordinado del juzgado la tarea de comunicar el traslado, lo cual fue desmentido por los funcionarios y comprobado como falso en las pericias realizadas en las computadoras locales.
La jueza ya había sido condenada a la jubilación obligatoria, pero el Supremo Tribunal Federal revocó la decisión.
"Es evidente la falta de compromiso de la magistrada con sus obligaciones", subrayó Arnaldo Hossepian, relator del proceso de investigación.