Uruguay legaliza el aborto

El Senado uruguayo aprobó este miércoles el proyecto para la despenalización del aborto, y ya se transformó en ley.

Ahora solo resta que el presidente José Mujica promulgue la normativa para que entre en vigor, algo que el mandatario ya ha anunciado que hará.

Luego de cinco horas de debate, el texto que ya había sido aprobado en Diputados obtuvo un total de 17 votos positivos, de los 31 totales en el Senado.

A las 09.30 hora local los integrantes de la Cámara Alta iniciaron el debate, después de que el martes la Comisión de Salud del Senado aprobara las modificaciones al proyecto original realizadas en la Cámara de Diputados.

La nueva ley, que colocará a la pequeña nación sudamericana entre los países pioneros en Latinoamérica en esta materia, despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación, aunque para algunas organizaciones civiles no solo es insuficiente sino que en algunos casos resulta un retroceso.

Según la Coordinadora General CNS Mujeres, con la futura normativa "no se despenaliza" realmente el aborto, "sino que se suspende la aplicación de la pena en determinadas circunstancias y condiciones".

El proyecto, fruto de una promesa electoral del partido gobernante, el izquierdista Frente Amplio, establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.

Luego tendrán cinco días para reflexionar, tras los cuales podrá iniciar el procedimiento con su médico en un centro público o privado. Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales.

En noviembre de 2008 el ex presidente, el oncólogo Tabaré Vázquez, que también pertenece al FA, decidió vetar una ley similar aprobada por el Legislativo, en un gesto que justificó por razones morales y profesionales y que causó molestias en el seno del bloque oficialista y entre organizaciones feministas.

En Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos ilegales, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.